Rúbrica; El gobierno por encima de la ciencia, Por Aurelio Contreras Moreno

Entre la comunidad científica mexicana –la que sí investiga en lugar de hacer
“grilla” política- existe una gran preocupación por el golpe que el gobierno de la
autoproclamada “cuarta transformación” pretende darle a la investigación y
desarrollo de la ciencia en el país.
Desde diciembre pasado circula el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que, en términos generales,
sometería a los intereses del gobierno el rumbo de la investigación científica y
tecnológica.
En México existen cerca de 50 leyes generales y las más antiguas vienen de los
años 40 y 50, aunque la mayoría de las vigentes han surgido después del año

  1. Entre las características de estas normatividades está la de integrar
    consejos o comités generales en los que participan gobernantes y gobernados
    para tomar decisiones de manera conjunta, en un ejercicio de gobernanza.
    Pero en el anteproyecto de ley elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y
    Tecnología (Conacyt) que encabeza María Elena Álvarez Buylla, desaparece esa
    figura y es sustituida por la de “Consejo de Estado” que promueve, a su vez, una
    “Agenda de Estado” en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e
    innovación.
    El proyecto de ley determina que “la investigación humanística y científica, el
    desarrollo tecnológico y la innovación que realice directamente el Estado se hará
    conforme a la Agenda de Estado” y que, de igual manera, los mecanismos e
    instrumentos públicos de fomento y apoyo se destinarán preponderantemente a su
    cumplimiento, “sin menoscabo de la libertad de investigación, así como de la
    autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior
    autónomas por ley”.
    Empero, el Consejo de Estado, órgano rector y máxima autoridad del Sistema
    Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, estaría integrado
    de manera permanente y con derecho a voz y voto únicamente por el Presidente
    de la República, que lo presidirá; el titular del Conacyt, quien asumirá su
    Coordinación Ejecutiva; las y los titulares de las secretarías de Estado de la
    Administración Pública Federal; y un representante de los gobiernos de las
    entidades federativas por cada una de las regiones que establezca el Consejo
    Nacional.
    Como “invitados” a las sesiones del Consejo de Estado con voz, pero sin voto,
    participarían: un representante de las autoridades responsables de la política local,
    que asumirá la Secretaría Técnica del Consejo de Estado; un representante del
    sector social y uno del sector privado, propuestos por el Consejo de Articulación
    del Conacyt; un representante de la comunidad científica que “destaque” por sus
    aportaciones al desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la
    innovación, propuesto por el Consejo Técnico del Consejo Nacional; y las demás
    personas que convoque la Coordinación Ejecutiva.

Como es claro y evidente, la “Agenda de Estado” en materia de ciencia sería
definida en su totalidad por funcionarios públicos. Los científicos son
completamente ignorados en la “ley Buylla” y aquellos que lleguen a participar en
las deliberaciones, a invitación expresa del Conacyt, tendrían voz más no voto. O
sea, nada.
Es el Consejo de Estado el que le dice a todos los demás qué hacer, qué
investigar y qué personas son las que trabajarían en los temas que el gobierno
establezca como importantes y que, por supuesto, son los que recibirían
financiamiento público. Incluyendo a los beneficiarios de los estímulos del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI).
Asimismo, los centros públicos de investigación perderían toda la autonomía de
gestión y administrativa que les ha permitido crecer y desarrollar sus proyectos.
Con esta ley, quedarían subordinados a lo que el gobierno decida que es
“necesario”, en contraposición con la libertad de investigación que se dice
defender en el anteproyecto, lo cual además afectaría a todas las instituciones
generadoras de desarrollo científico y tecnológico del país.
Para el Colectivo ProCienciaMX, se trata de un anteproyecto de ley “que no
parece ley, que tiene mucha carga de palabrería. Hay mucha historia, muchos
juicios de valor y el articulado parece una forma de ‘cartilla moral”.
“Lo que genera es un control férreo por parte de quien esté gobernando a través
de ese Consejo de Estado que hasta el nombre suena terrorífico, en el que solo
votan secretarios de Estado y funcionarios públicos. Los científicos son hechos a
un lado. Es una iniciativa para legalizar el control del aparato científico del país”,
señaló el Colectivo ProCienciaMX.
Se ha mantenido en la opacidad –el sello de la casa- el estatus del proyecto de
iniciativa y si habría ingresado ya al Congreso de la Unión. Por lo pronto un grupo
de científicos y académicos sí presentó una contrapropuesta a través de la
bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República.
Y mientras son peras o manzanas, el Conacyt alista un “albazo” para este
miércoles 3 de marzo, fecha para la que ha citado a sesión extraordinaria de su
Junta de Gobierno en la que pretende imponer una reforma al reglamento del
Sistema Nacional de Investigadores que, por supuesto, no solo no fue
consensuada sino ni siquiera informada a la comunidad científica del país, a pesar
de que implica modificaciones que afectarán sustancialmente las condiciones de
por sí ya complejas en las que trabajan los investigadores.
El gobierno por encima de la ciencia. Por encima de todo. Poseedor de la única
“verdad”. Suena a autocracia, ¿no?
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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