Rúbrica; Hacia el control absoluto, Por Aurelio Contreras Moreno

La asonada del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” contra la
libertad de expresión en los entornos digitales va más allá de la regulación que
pretenden de las redes sociales.
Junto con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión impulsada en el Senado por el coordinador de la bancada de
Morena Ricardo Monreal Ávila, en la Cámara de Diputados avanza otro proyecto
de enmienda cuyos alcances son todavía mayores.
Este jueves se discutirá y seguramente aprobará en comisiones de la Cámara baja
una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional en materia de ciberseguridad,
presentada por un diputado de Morena, que plantea además realizar
modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
Pero el dictamen abarca un espectro tan amplio como incluir a las “fake news” y a
las “campañas de desinformación” dentro de las amenazas a la seguridad
nacional, de manera tan laxa, que cualquier cosa que el gobierno decidiese podría
entrar dentro de esa clasificación y, por consiguiente, ser considerada como un
riesgo para el país que haga necesaria la intervención del gobierno.
En el resultado del dictamen que se discutirá, se mencionan como parte de esas
“amenazas” a la seguridad nacional los ciberataques a páginas web
gubernamentales y de cámaras empresariales perpetrados por ciberactivistas, los
“hackeos”, las desinformación en línea, confundiendo el concepto de
ciberseguridad con los delitos cibernéticos.
Bajo ese esquema legal, hasta un “meme” difundido por redes sociales podría ser
calificado como parte de una campaña para “desestabilizar” al Estado y ser
equiparado con un acto de terrorismo. No sería la primera vez que se intentara.
Baste recordar cómo en el año 2011, cuando la violencia se disparó en el estado
de Veracruz, el gobierno de Javier Duarte detuvo a dos tuiteros y los acusó de
“terrorismo” por difundir en sus cuentas de Twitter información falsa sobre
supuestos ataques armados a escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del
Río, lo que a todas luces constituyó un exceso que fue denunciado a nivel
internacional.
No contento con ello, el régimen duartista promovió una reforma al Código Penal
del Estado de Veracruz para crear el delito de “perturbación del orden público”,
que sería imputable “a quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia
de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias
químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud”. La pena
impuesta era de uno a cuatro años de prisión y una multa de 500 a mil días de
salario, “atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente
producida”.
La llamada “Ley Duarte” –que terminó siendo declarada inconstitucional por la
Suprema Corte de Justicia- lo que en realidad buscaba era controlar e inhibir la, en
ese entonces, aún incipiente expresión de la opinión pública a través de las redes

sociales, precisamente en el momento en el que la inseguridad se apoderó de
Veracruz y dejó ver la incapacidad y, como se sabría después, complicidad de su
gobierno con los grupos delincuenciales que, esos sí, sembraron terror y muerte
durante todo ese infame sexenio.
La iniciativa sobre ciberseguridad a discusión actualmente no está muy lejos de la
“Ley Duarte” y, cómo ésta, tiene intencionalidad y objetivos políticos: vigilar y
limitar el intercambio público en internet en víspera de elecciones y en medio de
un desastroso manejo de la pandemia por covid-19, que ha dejado ya cerca de
169 mil muertos según cifras oficiales y más de 400 mil de acuerdo con las
estimaciones sobre el volumen real de víctimas.
No es raro. Los regímenes autoritarios siempre tienden hacia el control absoluto. Y
qué mejor pretexto que la seguridad, que ni siquiera son capaces de garantizar.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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