Rúbrica; Caso Ernestina: todo pasa por el Ejército, Por Aurelio Contreras Moreno

Ernestina Ascencio Rosario era una mujer indígena de 73 años de edad, habitante del municipio de Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica del estado de
Veracruz, que murió asesinada luego de ser agredida sexualmente por soldados
en febrero de 2007, de acuerdo con las denuncias de sus familiares.
En aquel entonces era presidente de México el panista Felipe Calderón Hinojosa,
quien dos meses antes y tras una cuestionada elección, declaró la “guerra contra
el narcotráfico” y sacó a las calles a las fuerzas armadas para cumplir labores de
seguridad pública, lo que provocó un mar de sangre de más de cien mil muertos
durante su sexenio.
Veracruz era gobernado por el priista Fidel Herrera Beltrán, cuyos presuntos
nexos con grupos de la delincuencia organizada, particularmente con el cártel de
los Zetas, eran “vox populi” desde su campaña por la gubernatura tres años antes.
Al final de su sexenio dejó al estado en medio de la putrefacción social e
institucional, dominado por una violencia sin control de la que no solo fue
responsable sino, afirman varios que la padecieron en carne propia, también
partícipe.
Pero había algo en común entre Calderón y Herrera, además de haber coincidido
en la Cámara de Diputados y de la antipatía que ambos se profesaban
mutuamente: la necesidad de llevar la fiesta en paz con el Ejército mexicano, por
las mismas razones antes mencionadas en el contexto de cada uno.
Fue en esa coyuntura que ocurrió la agresión a Ernestina Ascencio. El dictamen
original de la necropsia, practicada en el Hospital Regional de Río Blanco,
señalaba como causa de su deceso “traumatismo cráneo encefálico, fractura,
luxación de vértebras”, así como indicaba la presencia de “fosfatosa y residuos de
P30” –o sea, semen- en la parte anal de la víctima, que antes de morir alcanzó a
señalar como sus victimarios a soldados apostados en esa región indígena, que
tradicionalmente ha sido cuna y sede de movimientos armados de resistencia y,
más recientemente, paso estratégico de bandas de narcotraficantes por ser
conexión natural hacia los estados de Puebla, Oaxaca y Chiapas.
El dictamen de la necropsia provocó una enorme presión por parte de los altos
mandos castrenses para que no se siguiera la investigación por esa vía, tal como
finalmente ocurrió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por
José Luis Soberanes, prácticamente obligó a la Procuraduría de Justicia del
Estado a exhumar el cadáver de Ernestina Ascencio para que le practicara una
nueva necropsia, un mes después de su muerte. El resultado oficial fue que había
fallecido por “causas naturales”, a causa de una “gastritis aguda” y de “anemia”.
Todo lo anterior fue documentado en su momento por la corresponsal de Proceso
en el estado de Veracruz, Regina Martínez Pérez, quien además obtuvo una
fotografía de la necropsia en la que se observa la cabeza de Ernestina Ascencio
sangrando en una especie de lavabo, junto a unos trapos sucios y un envase de
refresco.

A partir de ese momento, la periodista sufrió un rudo hostigamiento por parte de
las autoridades en la entidad, que culminaría con su asesinato el 28 de abril de

  1. Impune, hasta el día de hoy.
    Mientras a nivel nacional el gobierno de Calderón impuso la versión de la muerte
    de Ernestina Ascencio por “gastritis”, en Veracruz la administración de Fidel
    Herrera amenazó y acalló al personal médico y a los peritos forenses que
    conocían el dictamen original de la autopsia. Todo, con tal de no incomodar a los
    militares.
    Este jueves 10 de diciembre de 2020, el subsecretario de Derechos Humanos de
    la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que se reabrirá el caso
    de Ernestina Ascencio y la investigación correrá a cargo de la Fiscalía General del
    Estado de Veracruz, lo cual ya ha provocado críticas de organismos como la
    Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina A.C., el Centro de
    Servicios Municipales “Heriberto Jara”, Abogadas y Abogados para la Justicia y los
    Derechos Humanos, pues consideran que esta institución está descalificada para
    encabezar una indagatoria imparcial.
    Reabrir el caso de Ernestina Ascencio implica investigar y en su caso proceder en
    contra de los elementos del Ejército mexicano acusados de perpetrar el asesinato
    -que bajo los parámetros actuales calificaría como feminicidio- y que fueron
    protegidos hace 13 años.
    Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las fuerzas
    armadas han recibido más poder y canonjías de las que soñaron nunca en lo que
    va del periodo posrevolucionario en México. Al grado que el Estado abogó por
    todas las vías, políticas y diplomáticas, para que un general detenido y acusado de
    narcotráfico en Estados Unidos, el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador
    Cienfuegos, fuera liberado y repatriado a México, donde se encuentra
    actualmente, en la comodidad de su hogar y gozando de su retiro.
    El asesinato de Ernestina Ascencio pasa invariablemente por el Ejército y su
    manera de accionar en zonas indígenas, en las que comete todo tipo de atropellos
    y violaciones de derechos humanos. ¿Usted cree que se atreverán a llegar hasta
    los militares? La respuesta parece obvia.
    Email: aureliocontreras@gmail.com
    Twitter: @yeyocontreras

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