El Diputado local Antonio García Reyes presentó una iniciativa para integrar a personas con capacidades diferentes

Imprimir esta nota
  • Garantizar a dichas personas el ejercicio de sus derechos fundamentales, principalmente a través de un nuevo diseño jurídico

XALAPA, VER.-El diputado local Antonio García Reyes a nombre del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, sometió a la consideración de esta Soberanía una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado, cuyo texto íntegro se encuentra ya publicado en la Gaceta Legislativa.

A continuación la propuesta realizada en el congreso del estado

“Me permitiré exponer sólo algunas de las razones de este proyecto.
Ante la importancia de dicha iniciativa, la presentamos íntegra en este espacio para su mejor comprensión.
Como ustedes saben el día 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado así desde 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos, así como para generar conciencia sobre su situación en la vida política, social, económica y cultural”.
En ese contexto, nuestro Grupo Legislativo presenta esta iniciativa, orientada a garantizar a dichas personas el ejercicio de sus derechos fundamentales, principalmente a través de un nuevo diseño jurídico de las instancias responsables de la formulación de políticas públicas y programas en la materia.
A fin de resaltar la importancia del sector poblacional mencionado, es pertinente señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre el 7 y el 10% de la población global tiene algún tipo de discapacidad.
Por otra parte, es fundamental hacer énfasis en cómo ha evolucionado la percepción social de las personas con discapacidad. Después de catalogarse en principio a esta problemática desde un punto de vista religioso, en que incluso se consideraba que la discapacidad era un castigo divino, se pasó a concebirla como una enfermedad, en algunos casos sujeta a rehabilitación.
Más adelante, esa percepción ha transitado al nivel de un modelo social, que tiene como objetivo reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en diversos ámbitos.
Precisamente esa nueva conceptualización de la discapacidad obliga a la revisión y adecuación del marco jurídico local, de tal manera que la política pública de gobierno a favor de esas personas sea acorde con ese modelo social.
En razón de ello, proponemos inicialmente modificar el título de la Ley, a efecto de sustituir el concepto de “integración” por el de “inclusión”, acorde con la denominación de la vigente ley general de la materia.
Al respecto, es pertinente señalar que en el dictamen correspondiente a las iniciativas que derivaron en la actual Ley General se indicó que El nuevo paradigma es que las personas no sólo estén integradas, sino que se les reconozca con sus capacidades y limitaciones y formen parte de la sociedad, igual que todos los ciudadanos.
Por otra parte, la ley local en su momento creó el Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad, definido como un órgano de consulta, asesoría, planeación, fomento y supervisión de las acciones, estrategias y programas que permitan garantizar a las personas con discapacidad el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos señalados en esa ley.
Al efecto, es menester señalar que en la Ley General se dispone que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que para el cumplimiento de sus atribuciones goza de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones ,estrategias y programas.

El CONADIS cuenta con una Junta de Gobierno y una Asamblea Consultiva, definida esta última como un órgano de asesoría y consulta, de participación ciudadana, conformación plural y carácter honorífico.
En conclusión, nos parece más adecuado el diseño que la Ley General dispone para el caso del órgano responsable en el ámbito federal de establecer las políticas públicas en materia de inclusión de personas con discapacidad.
Por lo anterior, y sin dejar de reconocer las iniciativas que en sentido semejante han sido presentadas en anteriores Legislaturas, proponemos la conversión del actual Consejo Estatal para las Personas con Discapacidad en un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con atribuciones semejantes en lo conducente a las del organismo federal relativo y con una Junta de Gobierno conformada según el modelo empleado en la ley general.
Asimismo, planteamos la creación de una Asamblea Consultiva, integrada fundamentalmente por personas con discapacidad.
Por otra parte, proponemos también en esta iniciativa puntualizar el derecho de las personas con discapacidad a la participación en la vida política y no sólo a la pública que ya está prevista en la ley, lo que puede llegar a traducirse en que los partidos políticos impulsen a cargos de elección popular a hombres y mujeres con esa condición.
En virtud de lo antes expuesto, presentamos a su consideración esta propuesta, encaminada a lograr que los objetivos de la ley local en la materia se realicen en concordancia con las normas de la legislación general, y que dicho ordenamiento se corresponda con el paradigma internacional sobre la discapacidad, como un movimiento social encaminado a visibilizar la problemática que enfrentan las personas con esa condición para el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Noticias relacionadas

Leave a Comment