Rúbrica; Inelegibles para el Orfis, Por Aurelio Contreras Moreno

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Este jueves 12 de septiembre concluye el periodo de entrevistas que los diputados
locales realizan a los 54 aspirantes a ocupar el cargo de auditor general del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) que pasaron a la
segunda fase del proceso largamente dilatado por la Comisión de Vigilancia, que
encabeza el morenista Eric Domínguez.
Y sigue privando la sospecha sobre la manera como se está conduciendo ese
proceso. No solo por haberle permitido inscribirse al actual titular, Lorenzo Portilla,
a pesar de muy claramente violar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del estado, que prohíbe expresamente la reelección, por más que digan
que fue designado bajo otra normatividad. Precisamente por eso es que no puede
desempeñar el cargo nuevamente, ya que el actual proceso se rige por una ley
totalmente diferente a la de 2012.
Además, la convocatoria expedida por el propio Congreso local el pasado 19 de
agosto también señala entre los requisitos por cumplir “no haber sido, durante el
año previo al de su nombramiento, titular de dependencia o entidad del Poder
Ejecutivo del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, Magistrado, Presidente
Municipal o Gobernador del Estado”. Portilla es en este momento, como se sabe,
titular de un organismo del Estado, lo que además lo vuelve juez y parte y le da
una inequitativa ventaja sobre los demás aspirantes.
Ni hablar de su calidad moral y reputación, cuando como auditor general dejó
pasar todos los brutales desvíos de recursos cometidos durante el sexenio de
Javier Duarte, además de que ha mentido abiertamente al negar su militancia
partidista en el PRI y al armar un teatro en la Fiscalía General de la República
para simular públicamente que presentaba denuncias por presuntas
irregularidades del gobierno yunista, cuando no tiene facultades legales para
hacerlo personalmente.
Sin embargo, Portilla no es el único de los aspirantes que no cumple a cabalidad
los requisitos legales para llegar al Orfis. Una de las postulantes, a la que se
especula que se impulsa desde el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y sería
su “carta escondida”, tampoco cubre el perfil requerido.
Se trata de Delia González Cobos, que en la actualidad también es titular de una
dependencia del Ejecutivo del Estado: trabaja como procuradora fiscal de la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
Asimismo, la convocatoria referida establece claramente como uno de los
requisitos para participar en el proceso de selección “contar al momento de su
designación con una experiencia de, al menos, cinco años en materia de control,
auditoría financiera y de responsabilidades”.
El currículum de González Cobos publicado en la página de la Secretaría de
Finanzas y Planeación no deja lugar a la duda: su experiencia más cercana a las
tareas de fiscalización fue en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde
fungió como asesora en materia fiscal de la Comisión de Gobierno; en la

Procuraduría Fiscal de la Federación como directora de Legislación; y como
subadministradora de Asuntos Especiales en la Administración Local Jurídica del
Oriente del SAT. Ninguno vinculado directa y específicamente con la fiscalización.
Sus demás cargos han sido en la “grilla” partidista, mismos que son los que en
verdad estarían siendo considerados para impulsarla a un puesto que requiere un
perfil que supere por mucho el de las asesorías legales menores, pues ni siquiera
es contadora pública, sino licenciada en Derecho.
Pero con eso que para la llamada “cuarta transformación” solo hace falta un uno
por ciento de preparación y “99 por ciento de honestidad” para ser servidor público
–en este gobierno, por supuesto-, amén que lo que digan las leyes para la
designación de funcionarios las pisotean con singular alegría, pues que no nos
extrañe nada.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras

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